Conocí al Chile de los setenta gracias a las canciones de protesta de Violeta Parra. No muchos argentinos saben que Violeta es la poesía detrás de las melodías de algunas de las canciones más lindas de la negra Mercedes Sosa. Canciones como “Me gustan los estudiantes” me pintaban a una generación de idealistas que me hervían la sangre y creaban en mí un espíritu menos conformista, más combativo. Cuando hace unos meses estallaron las primeras protestas de estudiantes chilenos por una educación universitaria pública y gratuita, no pude sino recordar aquellas estrofas de Violeta y desear que algún estudiante las rasgase en la guitarra: “Que vivan los estudiantes/ jardín de las alegrías./ Son aves que no se asustan / de animal ni policía, / y no le asustan las balas/ ni el ladrar de la jauría”.

No fueron pocos los que se sorprendieron al enterarse de que Chile, ese alumno destacado en Latinoamérica, se enfrentaba por primera vez al problema de la educación pública universitaria. Para cualquier argentino la educación pública es un derecho de nacimiento, incuestionable por políticos de cualquier color y procedencia ideológica. Y es que en este país la educación nunca fue entendida, históricamente, como un bien de consumo. Inclusive bajo el estigma de recortes presupuestarios de administraciones más austeras, cualquier argentino nace con la seguridad de que el Estado estará allí para ocuparse de su educación y que será pública y gratuita, del jardín maternal al posgrado. Según datos oficiales, hoy se invierte a nivel nacional 6.47% del Producto Interno Bruto (PIB), un presupuesto que permitió crear más de 700 escuelas en los últimos años.

¿Es suficiente? Nunca lo es. Latinoamérica es la región más desigual del planeta. A pesar de que en el país existe la posibilidad de acceder a la educación pública y gratuita y que programas asistencialistas como la Asignación Universal por Hijo (gracias al cual cada chico de menos de 18 años que estudie en escuela pública recibe 180 pesos por mes) o el más ambicioso Conectar Igualdad (“una netbook para cada alumno y docente de escuelas secundarias del país”, reza el slogan) estimulan a que familias pobres integren a sus hijos al sistema educativo, no todos los chicos argentinos están hoy sentados mirando un pizarrón. Aunque contamos con prestigiosos profesionales, sólo 12% de la población tiene un título universitario.

Para que esos números cambien se necesitan más políticas de integración y una inversión a nivel nacional y provincial en infraestructura y salarios. La intención del gobierno kirchnerista de hacer hincapié en la ciencia y en las escuelas industriales y técnicas es un buen paso pero falta, todavía, integrar políticas regionales a un esquema más amplio. Aunque la universidad pública es gratuita, son las clases medias y altas las que tienen acceso a los claustros. No hay universalidad en el acceso porque estamos lejos de la igualdad de oportunidades. Hace 150 años que en argentina se discute qué educación queremos y cómo la queremos. Enhorabuena que en Chile haya comenzado el debate.

Donde hay una necesidad hay un derecho

La educación pública y gratuita en la Argentina nació antes de 1880. La Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, fue la primera del país, erguida en 1610 por la Compañía de Jesús. En el país como en prácticamente toda América Latina, las universidades nacieron ligadas a la educación cristiana, y fue hasta el Siglo XIX cuando el laicismo de la generación del 80 puso a la educación pública, gratuita y obligatoria como prioridad de Estado.

La inmigración fue crucial. Durante la segunda parte del siglo XIX la llegada a la Argentina de mano de obra europea, principalmente de italianos y españoles, puso al naciente Estado argentino en una encrucijada: ¿cómo crear en este grupo de trabajadores sin patria un sentimiento de pertenencia? El plan fue homogeneizar a esta población inmigrante a través de dos mecanismos de absorción cultural: la escuela pública y el servicio militar obligatorio. Desde las aulas se les enseñaba a los hijos de inmigrantes sobre la historia oficial de los próceres argentinos. Las imágenes del General San Martín cruzando los Andes para liberar a los pueblos latinoamericanos del flagelo de dominio español o las de Manuel Belgrano creando la bandera argentina a orillas del Paraná se repetían en los manuales escolares primarios. El ejército también servía para el mismo fin: la lealtad, el escudo, el himno, todo ayudaba a crear un sentimiento nacional. La homogeneidad era, en realidad, lo que tenía en mente esa primera generación de “presidentes fundadores”, como los llaman los historiadores: Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda.

De 1862 a 1880 se sentaron las bases sobre las que el presidente Julio Argentino Roca y el Partido Autonomista Nacional (PAN) se pararían para separar aún más a la iglesia de su participación en la educación nacional. En 1884 se sancionó la Ley 1420 de Educación Común que estableció el carácter obligatorio, estatal y laico de la educación. Al darle más atribuciones al Estado, los liberales del 80 pensaban que se fortalecerían las instituciones republicanas. La contradicción estaba en la esencia misma del PAN: el juego político era restrictivo y, al no existir todavía una ley que regulase el voto, las escenas de fraude perpetuaban a una elite económica y política en el poder. Aquellos hijos de inmigrantes, fortalecidos por la educación pública de instituciones como el Colegio Nacional o la Universidad de Buenos Aires (UBA), querían también formar parte del juego político.

Sólo así se puede entender el nacimiento de la Unión Cívica Radical, que junto con el peronismo fue uno de los dos partidos de masas más emblemáticos del siglo XX argentino. La creciente escolarización y la estabilidad del empleo estatal había germinado en los jóvenes de Buenos Aires el entusiasmo por la participación política. De hecho, el rechazo de los líderes políticos de entonces, Leandro N. Alem e Hipolito Yrigoyen, al fraude del PAN llevó a la sanción de la Ley Saenz Peña en 1912, que estableció el voto universal (para los hombres), secreto y obligatorio.

Hacia 1918, la reforma universitaria nacida en Córdoba con la toma de los estudiantes de la sede universitaria le valió a las universidades nacionales su autonomía. Desde ese día y hasta hoy los estudiantes gozan del cogobierno universitario y la titularidad de las cátedras, periódicas, también son por concurso.

El desarrollismo del presidente Arturo Frondizi lo llevó a impulsar, en la década de 1960, la ley que permitió a la Iglesia Católica y a otras instituciones a abrir universidades privadas. La primera de éstas fue la Universidad Católica Argentina (UCA) pero otras como la Universidad de Belgrano y la Universidad del Salvador le siguieron.

Las noches trágicas de la educación en Argentina

Fueron dos las grandes tragedias que sufrió la educación universitaria durante el siglo XX y las dos se desarrollaron durante gobiernos de facto. “La noche de los bastones largos” ocurrida en 1966 durante el gobierno del presidente y Teniente General Juan Carlos Onganía fue una de ellas; “La noche de los lápices”, durante el Proceso de Reorganización Nacional en la década del 70 fue otra.

 “La noche de los bastones largos” significó la ruptura de muchas de las victorias de la Reforma Universitaria de 1918. Temiendo que en las facultades de la UBA se encontrasen “elementos disruptivos del orden”, el presidente Onganía promulgó una ley en donde rompía con la autonomía de las universidades nacionales y las ponía, por primera vez, bajo la órbita del Ministerio de Educación. Se rompía, también, el co-gobierno de estudiantes, graduados y profesores. Temiendo una intervención, casi 300 personas se agruparon para defender a la universidad y fueron desalojadas a los golpes por la Policía Federal. Después de este episodio se dio el fenómeno de “fuga de cerebros”, un exilio auto-impuesto de intelectuales y científicos argentinos que significó una pérdida enorme de capital humano para el país.

La historia de “La noche de los lápices”, sucedida en 1976, es aún más terrible. Hay que mencionar que de 1976 a 1982 Argentina estuvo gobernada por juntas militares, de donde nació el Proceso de Reorganización Nacional, proyecto que se propuso limpiar el país de elementos subversivos al orden, ideológicamente de izquierda. Así, el 16 de septiembre de 1976 un grupo de chicos de la ciudad bonaerense de La Plata que exigían la puesta en marcha del “boleto estudiantil” -que suponía un descuento en los viajes en colectivo para los estudiantes- fueron secuestrados por el Estado, torturados, violados y asesinados. En ese periodo lo mismo ocurrió con otros 30.000 argentinos, muchos de los cuales permanecen desaparecidos.

Terminadas las juntas militares y de vuelta a los gobiernos civiles, paradójicamente los noventa significaron una reducción del rol del Estado en la educación. El abandono a mano de las provincias de las escuelas significó graves problemas en infraestructura y conflictos salariales. Fue famoso el acampe de docentes en una “carpa blanca” frente al Congreso de La Nación para exigir la promulgación de la ley de Financiamiento Educativo, que les otorgaría 600 millones para invertir en escuelas, programas y sueldos. Acamparon allí durante dos años y la lucha significó la derogación de la ley Federal de Educación, controvertida en aquellos años.

Educación argentina hoy

Después de años de terapia intensiva, de presupuestos de educación subejecutados, hoy Argentina vive, a nivel nacional, un aumento en el gasto educativo. El programa del gobierno “Conectar Igualdad” permite a los alumnos de escuelas públicas remotas su primer acceso a una netbook y –seguramente- a internet. Nuevas y mejores maneras de aprender, mediados por la tecnología, están siendo implementadas por maestros y profesores. Pero la realidad de las provincias, de quienes dependen los salarios de los profesores y la infraestructura educativa en su mayoría, sigue siendo preocupante. Las tomas de colegios por parte de alumnos enojados por los problemas edilicios y las huelgas docentes por salarios bajos se han convertido en eventos tristemente recurrentes. Otro dato de preocupación: a pesar de que existen “focos” de calidad como el Colegio Nacional de Buenos Aires, la educación secundaria pública no llega todavía a la altura de establecimientos educativos privados.

Eva Perón hizo famosa la frase “donde hay una necesidad hay un derecho”. En el caso de la Argentina como en el de Chile – como en todas nuestras repúblicas latinoamericanas- la educación sigue siendo un bien precioso y preciso para arañar la salida de nuestra dependencia. La educación no puede ser entendida como un bien de consumo, algo a lo que tienen acceso sólo aquellos que puedan pagarlo, sino una herramienta invalorable para salir de la marginalidad y para aprender a pensar nuestro lugar en el mundo. La necesidad está allí, en los acampes en Santiago, en las aulas tomadas de Buenos Aires, en las salas humildes del Ecuador profundo. Y es que los jóvenes sobre los que cantaba Violeta Parra lo entienden bien: el derecho a la educación no se vende, se defiende.