275 presos políticos en Venezuela, 146 en Nicaragua. Cárcel y aislamiento son mecanismos para atemorizar y negociar; en Venezuela se han documentado las nuevas formas de tortura.


Texto: Yanancy Noguera (Costa Rica)

 

275 personas son presos políticos en Venezuela; 146 lo son en Nicaragua.

En Venezuela el Foro Penal ha contabilizado y apoyado a 15 mil 734 detenidos políticos desde hace 7 años, a las 9 mil personas que siguen sujetas a medidas restrictivas de libertad y a los 275 presos políticos actuales.

En Nicaragua, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba 10 presos políticos antes de 2018 y 136 luego de las protestas ciudadanas de abril de 2018. De estos, 24 fueron detenidos desde mayo último, entre ellos los precandidatos y candidatos presidenciales de la campaña electoral actual.

Estos permanecen totalmente incomunicados, sin acceso a alimentos externos, a visitas de sus abogados y familiares, y posiblemente sujetos a torturas.

¿Qué elementos comunes se dan entre los dos países en relación con los presos políticos?

Se violan los derechos humanos

Los regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega violan el derecho de defensa. Los detenidos, en ambos países, son llevados a cárceles, momento desde el cual se pierde contacto con ellos. Sus abogados no tienen acceso a ellos ni a conversaciones de ningún tipo para velar por su legítima defensa dentro de un proceso en que no hay condenas, sino fases de investigación.

En el caso de Cristiana Chamorro, detenida en su casa de habitación, la incomunicación es total, con oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua frente a la vivienda.

El también aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien se supone se encuentra en la cárcel el Nuevo Chipote, perdió a su primer abogado, quien tuvo que huir del país ante amenazas. Los recursos judiciales del segundo defensor no han sido respondidos. Su caso es similar al de todos los demás detenidos de los últimos meses, razón por la cual sus familiares y abogados señalan que han sido secuestrados.

Se supone que están enfrentando un proceso judicial con defensores asignados por la misma Fiscalía que los investiga.

La violación a sus derechos humanos incluye el hecho de que no se les puede entregar medicamentos, ni siquiera a quienes tienen padecimientos crónicos, tampoco alimentos.

Adicionalmente, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, los recluidos en las celdas de máxima seguridad, además de a aislamiento, son sometidos a interrogatorios continuos y otras formas de castigos sicológicos y físicos.

Piezas de negociación

Los regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega se niegan a liberar de estos presos políticos y a suspender nuevas detenciones. 

En Venezuela, liberaciones anteriores se han justificado en la intención de “profundizar el proceso de reconciliación” en momentos previos a procesos electorales o como parte de negociaciones con líderes políticos de oposición. Esto ocurrió hace un año, con el indulto presidencial de 100 presos políticos.

El presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, si bien favorece la negociación como un mecanismo válido para procurar una solución a los problemas, rechaza que los detenidos sean utilizados como piezas de la negociación.

En el caso de Nicaragua, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Global Women Leaders, entre otras organizaciones, países y líderes mundiales, han exigido la liberación de los líderes políticos de oposición como una señal de respeto al proceso electoral y de cara a las elecciones de noviembre próximo.

Ortega, sin embargo, reitera el argumento de que existe un complot desde el extranjero que utiliza a figuras nicaragüenses y se ha comprometido a no liberar a los opositores detenidos ni frente a las condenas ni por las sanciones internacionales. “Es absurdo dejarlos libres. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo según las normas (…). Aquí estamos juzgando a criminales”, ha señalado Ortega.

En diciembre de 2019, Ortega liberó a 91 presos detenidos durante los meses previos de protestas. Sin embargo, de estos, 36 fueron recapturados. Hasta ahora no se ha utilizado la figura de indulto, como sí ocurrió en Venezuela, aunque a principios de julio el hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, sugirió desde México que se pusiera en libertad a los presos políticos mediante un indulto o amnistía.

Las detenciones no se detienen

En ambos países las detenciones son mecanismos de amenaza permanente.

La más reciente ocurrió ayer en Nicaragua, cuando las esposas de los precandidatos presidenciales detenidos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga fueron notificadas del inicio de una investigación en su contra.

Se trata de Berta Valle Otero y Victoria Cárdenas Lacayo. Ambas se reunieron el pasado 19 de mayo con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en la sede de la organización. Al momento de emisión de este comunicado, Almagro no se había pronunciado al respecto.

El aislamiento que viven los presos políticos también se convierte en formas de neutralizar o amenazar a las familias y a los partidos políticos y otras organizaciones que trabajaron con las figuras políticas.

En Venezuela algunos presos políticos pasan los días en cárceles que están tres pisos bajo tierra, sin ventilación. El Instituto Casla, en su reporte de crímenes de lesa humanidad presentado ante la OEA, reportó los nuevos patrones de tortura. Esta documentación, en razón de la gravedad de las denuncias, está siendo analizada por la Corte Penal Internacional.

 

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