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Congreso de Guatemala pasa leyes express que benefician a pandilleros, narcos y políticos corruptos

Por septiembre 14, 2017 agosto 28th, 2019 Sin comentarios

Iniciemos con esto: Guatemala fue considerado por medios, organizaciones y organismos internacionales, gobiernos y distintos personajes de todo el mundo como un ejemplo en la lucha contra la corrupción en 2015. Ese año, sin ningún hecho violento, la sociedad entera y distintas instituciones lograron presionar para que la vicepresidenta y el presidente renunciaran y terminaran en prisión por aparentes actos de corrupción.

Sin embargo, dos años después el país se aleja de esa historia, ya que el 13 de septiembre el Congreso aprobó dos iniciativas de ley que ponen en peligro esos avances de transparencia. Este es un resumen de cómo se gestó esta jugada política, considerada perversa, que desató más protestas en medio de la crisis política que vive el país centroamericana desde el mes pasado.

El 24 y 25 de agosto el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala volvieron a sacudir las piezas del ajedrez de la justicia. Una nueva investigación tocó a la puerta: Lider, UNE y FCN, los tres partidos que encabezaron las elecciones de 2015 estaban bajo investigación. Producto de ello las autoridades investigadoras solicitaron que la Corte Suprema de Justicia y el Congreso le retiraran la inmunidad a los tres secretarios generales de estas agrupaciones, entre ellos al presidente Jimmy Morales.

El pecado original de la democracia

¿Por qué investigar a los partidos después de las elecciones? El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, explicó que “el financiamiento ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca”. Es decir, el modelo de cómo se financian estas agrupaciones incentiva la corrupción. La Fiscal General, Thelma Aldana, le explicó a medios que se investigaba a los secretarios generales porque al final eran los representantes legales de esos partidos. Esta primera investigación probó que existen transacciones, documentos contables y financistas que hacían sospechar cómo los políticos llegaron al poder.

La atención mediática se centró en el presidente Jimmy Morales, quien por esos días fraguó un plan para deshacerse de Velásquez porque lo investigaba por financiamiento electoral ilícito. Todas las pruebas de esta acusación apuntaron a un mismo grupo de financistas vinculados al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, prófugo de la justicia por cobrar sobornos a constructores.

Morales concretó su plan de expulsar a Velásquez, pero la Corte de Constitucionalidad lo detuvo. Sin embargo, el presidente siguió la ruta: se reunió con alcaldes con investigaciones o acusaciones formales, empresarios conservadores, líderes sindicalistas muy cuestionados, religiosos como el nuncio apostólico de la Iglesia Católica. El objetivo de estos acercamientos de Morales era mostrar sus molestias por la gestión de la CICIG (que tiene a su hermano e hijo en juicio por un caso de estafa).

Los apoyos solicitados dieron sus frutos. Tanto así que la bancada oficialista FCN, que estaba distanciada del presidente, logró un acuerdo a lo interno: proteger a Morales a toda costa. Según ellos, su decisión era para salvar la institucionalidad porque supuestamente se estaba planeando un golpe de Estado contra Morales

Aunque el Ministerio Público y la CICIG demostraron que existen serias dudas sobre el origen de los fondos que llevaron a Morales a la presidencia y a la bancada oficialista al Congreso, esto no fue suficiente. Los diputados decidieron el 11 de septiembre que el presidente no perdería la inmunidad y se libró de ser investigado.

La jugada maestra de los diputados

Como dice la popular frase: “En política no hay almuerzo gratis”. Los diputados sorprendieron este 13 de septiembre, en vísperas a la celebración de la Independencia de Guatemala. Aprobaron dos leyes que los beneficia directamente y evita que enfrenten la Justicia.

Los parlamentarios presentaron dos iniciativas para reformar el Código Penal. Una para que los secretarios generales ya no sean investigados y la otra que los condenados (entre ellos políticos) con prisión de hasta 10 años sean liberados a cambio de una multa de US$1.4 diarios.

Las reformas pasaron de forma exprés. Los ponentes de las iniciativas no dieron ni siquiera tiempo para que algunos diputados opositores lo leyeran. La serie de votos a favor de los artículos a modificar tuvo una votación demoledora. Los partidos UNE-FCN (que suman 64 votos) lograron apoyo de otras bancadas y así superaron los 105 votos necesarios para aprobar las reformas que querían.

Aprobar estas reformas significa dos aspectos torales. 1) Que el Ministerio Público no podrá investigar al secretario general de un partido por financiamiento con fuente ilícita, como el narcotráfico. Dos diputados son investigados y el Presidente (hasta hace unos días) por este tipo de delitos. Ahora los responsables directos serán los contadores y financistas de los partidos. 2) Los reos condenados a diez años de prisión podrán tener una pena conmutable, es decir, pagar una multa de menos de dos dólares al día y salir libres. Si el expresidente Otto Pérez y casi todo su gabinete que están en prisión preventiva son condenados a no más de diez años, saldrían libres. Esta reforma también beneficiaria a narcotraficantes, pandilleros y extorsionistas con sentencia.

Gráfica de la organización Congreso Transparente sobre el número de diputados con procesos legales.

 

Los diputados arrepentidos

Luego de aprobadas estas leyes de forma express, las rutas existen son dos: la primera es que el Presidente las sancione o vete. Morales es apoyado por el Congreso, así que es poco probable que las leyes sean bloqueadas.

Segundo, si las leyes entran en vigencia, solo existe un órgano que puede detenerlas. La Corte de Constitucionalidad. Esta institución frenó en dos oportunidades la expulsión de Iván Velásquez y la ciudadanía estuvo ahí para presionar.

Los ánimos están elevados al igual que 2015. Mientras los diputados aprobaban las reformas las primeras manifestaciones llegaron frente al Congreso. También se presentaron las primeras acciones legales en la Corte de Constitucionalidad. Los ciudadanos Alfonso Carrillo y Hellen Mack plantearon amparos, señalaron varias ilegalidades y piden suspender estas leyes. La mayoría de los medios de comunicación han hecho eco del hashtag #PactodeCorruptos que recorrió las redes sociales estos días.

Luego de que ninguna institución o sector viera con buenos ojos lo aprobado por el Congreso, algunos diputados salieron a disculparse públicamente a la ciudadanía ante las cámaras y micrófonos de los medios, así como en sus redes sociales.

Diputados en conflicto con la ley

Según un mapeo realizado por la organización Congreso Transparente el 50% de las bancadas del Congreso tiene algún integrante con proceso legal. Son 31 diputados. Es decir el 19 por ciento del Organismo Legislativo.

Solo el oficialista FCN tiene a 13 diputados con algún problema con la Justicia. Las acusaciones hacia los diputados van desde racismo hasta asesinato a dos periodista. Le sigue la bancada opositora UNE con cuatro integrantes. Estos dos bloques mayoritarios se aliaron para impedir que Morales no sea investigado y aprobaron reformas antitransparencia esta misma semana.

Pero, estos no son los únicos señalamientos. El escándalo por la constructora Oderbrecht aún está en investigación. Según dijo la Fiscal General a la prensa “el caso está bastante avanzado”. Un ciudadano brasileño identificado como el agente 6, según la Justicia de Estados Unidos, se encargó de realizar los pagos de sobornos con autoridades guatemaltecas. Se estima que los pagos superaron los $18 millones.

Oderbrecht fue contratada en 2012 para construir una carretera de cuatro carriles en el suroccidente del país centroamericano. Para ello habría sobornado a la mayoría del Congreso para que aprobaran un préstamo que financió esta obra. Esta no fue concluida por la trasnacional.

Entre los firmantes para la aprobación de este préstamo figuró Estuardo Galdámez, diputado que pertenecía al Partido Patriota y también conocido por sobornar a periodistas. Así como él, otros 79 legisladores lograron relegirse para el período 2016-2020. La mayoría de ellos podría tener algún vínculo con este caso.

Isaías Morales

Isaías Morales

Isaias Morales (1992), periodista nacido en Sololá, Guatemala. En su país es reportero de Ojoconmipisto, una iniciativa que fiscaliza municipalidades con el uso de datos abiertos. También fue reportero de la revista Crónica y redactor en el periódico español Mundiario. Twitter: @ismogt

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